Milei quiere imitar a EE.UU. y “cerrar el Estado” si el Congreso no le aprueba el Presupuesto

El presidente Javier Milei anunció que se avanzará sobre el diseño e implementación de un proyecto de ley enfocado en instaurar un mecanismo de “shutdown”, o apagón del Poder Ejecutivo, inspirado en el sistema de los Estados Unidos. Según aclaró el propio mandatario, esto tiene que ver con la idea de transformar de raíz la administración de los recursos públicos y establecer un límite al gasto estatal. “Estamos trabajando en el armado del shutdown del Poder Ejecutivo, en realidad de la política”, sostuvo el mandatario en una entrevista.El Gobierno muestra esta medida como un cambio de paradigma total en la gestión pública argentina, orientada a impedir de forma automática que la política financie gastos por encima de las capacidades reales y autorizadas por el Congreso Nacional, forzando una disciplina fiscal absoluta.Esta propuesta regulatoria se da como parte del anuncio de la reforma integral de la Carta Orgánica del Banco Central (BCRA), un proyecto del cual el Poder Ejecutivo ya posee una versión completamente unificada. El objetivo primordial de esta reforma es desmantelar el esquema actual, fuertemente criticado por Milei al calificarlo como “un verdadero insulto al intelecto” debido a la dispersión que genera la persecución de cinco objetivos de política económica simultáneos.En su lugar, la reforma busca dotar a la institución de un propósito único y blindado, prohibiendo de manera explícita que el Banco Central pueda emitir dinero para financiar al fisco nacional bajo cualquier circunstancia.El “government shutdown” –su nombre completo- es un mecanismo institucional que entra en vigencia de forma automática cuando el Poder Legislativo no aprueba a tiempo las leyes de presupuesto general o, al menos, no da una autorización transitoria de financiamiento.Esta situación de parálisis presupuestaria obliga a la administración pública a suspender de forma inmediata todas aquellas actividades y prestaciones consideradas no esenciales para el funcionamiento básico del sistema. Al mismo tiempo, se asegura que las funciones absolutamente críticas vinculadas a la seguridad nacional, la salud pública y la emergencia continúen plenamente operativas para garantizar la estabilidad mínima del país.El origen de este restrictivo procedimiento está profundamente arraigado en el ordenamiento institucional de los Estados Unidos, donde la falta de consenso bipartidista en el Congreso suele congelar los fondos de las agencias federales. Nació de la necesidad de establecer un control parlamentario estricto sobre el dinero de los contribuyentes, impidiendo que el Poder Ejecutivo ejecute cualquier tipo de gasto que no haya sido previamente debatido, autorizado y ratificado por los representantes legislativos.Uno de los antecedentes más recordados en la historia contemporánea de este mecanismo ocurrió entre fines de diciembre de 2018 y enero de 2019, durante la primera gestión presidencial de Donald Trump. En aquella oportunidad atravesó un cierre parcial prolongado que se extendió por 35 días consecutivos debido a la falta de un acuerdo integral. La disputa central que impidió la aprobación presupuestaria estuvo motivada por el financiamiento específico requerido por la Casa Blanca para la construcción del muro fronterizo con México.Si se toma en cuenta el marco jurídico actual de la Argentina, la implementación de un esquema de este tipo requiere de manera obligatoria la sanción de una ley específica por parte del Congreso, y no un apagón automático. La actual Ley de Administración Financiera indica que, ante la ausencia de un presupuesto aprobado al inicio del año, entra en vigencia de forma automática la prórroga de la ley del ejercicio anterior. Esta normativa garantiza la continuidad ininterrumpida del funcionamiento del Estado y evita la parálisis de los servicios públicos ante la falta de consensos políticos.La variante local en la que trabaja ahora el Gobierno se orientará a impedir que el Poder Ejecutivo continúe comprometiendo fondos cuando una partida se agota. La reforma impediría el devengamiento de erogaciones adicionales una vez alcanzado el límite presupuestado, aislando de esta prohibición únicamente a aquellas áreas expresamente exceptuadas o que provean servicios de carácter esencial.